Mueren 19 mujeres al mes a causa de la violencia de género

Los especialistas reclaman que el gobierno reglamente la ley, ya aprobada por el Congreso, y recomiendan incorporar la figura de “femicidio” en el Código Penal.

¿Dónde llamar para denunciar estos casos en todo el País?
En la Corte Suprema de Justicia, la Oficina de Violencia Doméstica, abierta hace unos años, por iniciativa de las juezas mujeres, deja que las estadísticas hablen por sí solas: es que en solo 17 meses, septiembre del 2008 y enero pasado, 10.758 personas denunciaron que eran golpeadas o maltratadas por su entorno íntimo.
En la Casa del Encuentro y en otras ONG, como la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), ese crimen debe ser llamado femicidio. Se trata de un término “político”, por el que una mujer es asesinada al ser considerada como un objeto o mercancía por parte de otra persona.
Pueden llamar al 137, la línea de ayuda en la Capital

En 2009 fueron asesinadas en la Argentina al menos 231 mujeres, es decir más de cuatro por semana, la enorme mayoría, por personas de su entorno, asegura Ada Rico, de la ONG Casa de Encuentro.
Buenos Aires es la provincia con mayor cantidad de femicidios, con 66 casos, seguida por Santa Fé (28), Córdoba (21) y Mendoza (14).
La violencia de género es más frecuente en el norte argentino, con índices por habitantes muy altos en Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Misiones y Formosa.

La multiplicación de los casos de violencia y abuso de mujeres motivaron en los últimos años a aprobar una Ley de Violencia Familiar, en el 2005, y otra para erradicar el tema de violencia en general, aunque no fue reglamentada.

Cómo denunciar

En Buenos Aires se han abierto decenas de Comisarías de la mujer, en donde es posible denunciar casos de violencia doméstica.
También hay equipos especializados en el 911 y en la Capital, las víctimas pueden llamar al 137 .
En caso de emergencia por maltrato o asistencia al: 0800-666-8537.
La Corte Suprema atiende llamados al: 4370-4600, internos 4510 al 4514.
En Santa Fé el teléfono es: 0800- 444-0420
En Córdoba, capital: 480-2446.

¿Cuántos más deben morir?

Sebastián García Díaz
Secretario de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico de la Provincia

Frente al consumo desmesurado de alcohol, ¿qué más nos tiene que pasar? En el año hemos sumado muertes, accidentes y menores en coma alcohólico, en un número que supera las tragedias más grandes que ha vivido el país. ¿Hará falta que un centenar de jóvenes muera ahogado en una pileta de cerveza, alcoholizados, para que se produzca la necesaria reacción?

A la hora de discutir las soluciones, todos cargamos las tintas sobre los padres, por ser los primeros preventores. En efecto, no es un dato menor que “la previa” de los chicos se realice, 50 por ciento, en casas de familia y que muchos no hagan nada frente al consumo excesivo de sus hijos. Pero no podemos quedarnos sólo en ese planteo.

Si no somos capaces de limitar y regular el impresionante asedio publicitario que promueve el consumo de bebidas alcohólicas, es casi irritante (además de inútil) exigir a los padres que enfrentemos en soledad una tendencia social instalada a través de medios tan masivos y tan eficaces.

¿No ha llegado la hora de prohibir la publicidad de bebidas alcohólicas, al igual que se hizo con los cigarrillos y que resultó determinante?
Como mínimo, reglamentemos su contenido, la frecuencia y la vinculación distorsiva que logran con el éxito y con el deporte (no es bueno que una cerveza, por caso, auspicie a la Selección Nacional de fútbol). ¿Alguien en verdad cree que es suficiente la mención de que “está prohibida su venta a menores de 18 años” o la de “beber con moderación”?

Hay un segundo control que debemos garantizar, si queremos pedir a la familia que haga lo suyo. Se trata de los bolicheros y expendedores de alcohol que, en la mayoría de los casos, no toman las medidas precautorias necesarias. La ley 24.788 es taxativa en prohibir la venta a menores, así como en exceso a los mayores. Para los que incumplen, llega a contemplar la prisión cuando se producen muertes o lesiones.

Si tenemos la norma (de hecho lleva 12 años de sancionada) lo único que falta es aplicarla. Para eso es el Registro Único de Expendedores de Bebidas Alcohólicas propuesto por nuestra Secretaría. Con la ayuda de las denuncias al 0-800, con rapidez podremos quitar la licencia y eventualmente clausurar el local, decomisar la mercadería y hasta llevarlo preso.

Esa herramienta cambiaría en pocos meses la sensación de impunidad con la que se mueven quienes hoy venden en forma indiscriminada. No en vano la provincia de Buenos Aires y, hace pocas semanas, la Capital Federal sancionaron sus propios registros.

¿Puede el Estado controlar, realizar campañas de prevención y asistir a los adictos, sin recursos suficientes?
Desde la Secretaría hemos propuesto una tasa a cada litro de alcohol que se vende en el territorio provincial. Con unos pocos centavos por cada envase, podemos lograr un fondo de más de 20 millones de pesos, específicamente afectado a campañas de prevención de la misma jerarquía y profundidad que las que incitan al consumo. También para garantizar el control efectivo y la asistencia.
¿Es injusto pedir a los consumidores que ayuden a pagar, con un mínimo esfuerzo, la lucha contra el consumo excesivo?

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