Las cifras provisorias de 4.986 personas fallecidas por siniestros viales (*) en Argentina durante el año 2020 denotan una vez más la necesidad de implementar políticas públicas eficientes en educación, controles y sanciones.

Como bien advierte la Asociación Civil Luchemos por la Vida al comparar el total con el año 2019 (6.627 víctimas mortales), “la disminución del número de fallecidos no se sustenta en una mejora evidente en la seguridad vial, sino que es consecuencia de una drástica reducción de la circulación vehicular durante los primeros meses del confinamiento obligatorio por la pandemia de COVID-19”.

La aparición del Coronavirus SARS-CoV-2 y la posterior creación de protocolos de aislamiento y distanciamiento social obligatorio modificaron las rutinas de los agentes de tránsito.

La escasez de controles vehiculares, adecuada señalética y cantidad de personal acorde a cada conglomerado poblacional (entre otros ítems) influyen directamente en debilitar la prevención agravándose la situación en fase de pandemia.

Ante esta situación las colisiones, vuelcos y atropellos continúan dejando víctimas fatales y lesionados.

Los peatones, ciclistas y motociclistas continúan siendo las víctimas vulnerables de la vía quienes muchas veces por falta de educación y políticas públicas adecuadas, arriesgan su integridad.

El exceso de velocidad, las distracciones y el consumo de sustancias son causales de incidentes viales. En países desarrollados se trabaja regularmente para disminuir estas problemáticas.

En este sentido cabe mencionar que, según informara el Dr. Etienne Krug, Director de Determinantes Sociales de la Salud de la OMS, la 6ta. Semana Mundial por la Seguridad Vial de Naciones Unidas (mayo 2021) hará foco en disminuir la velocidad en áreas urbanas a 30 km/h.

En Argentina queda un camino abierto de trabajo debido al escaso desarrollo de políticas públicas eficientes.

(*) Datos de la Asociación Civil Luchemos por la Vida

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